Bogotá.– El Gobierno de Colombia anunció una inversión superior a los 6 billones de pesos, equivalentes a unos 1.615 millones de dólares, para poner en marcha el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una ambiciosa estrategia de seguridad destinada a enfrentar el uso de drones en acciones criminales y reforzar la protección de la población civil y de la fuerza pública.
El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien calificó la iniciativa como una de las apuestas más audaces e innovadoras en materia de defensa nacional. “Colombia inicia una de las estrategias más importantes para responder a un nuevo desafío en nuestra seguridad”, afirmó el funcionario al presentar el plan.
El proyecto busca fortalecer el control del espacio aéreo ante el creciente uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales, entre ellas grupos guerrilleros y bandas criminales, que han incorporado estos dispositivos como herramientas de ataque, vigilancia y logística.
Como parte de la primera fase, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos (unos 269 millones de dólares) durante el año 2026, recursos que estarán destinados a la estructuración técnica y operativa del sistema, así como al despliegue inicial de las capacidades antidrones. Según el Ministerio de Defensa, se trata de una inversión estratégica cuyo objetivo principal es salvar vidas.
Datos oficiales del Ejército colombiano revelan que el primer ataque con drones atribuido a grupos armados ilegales ocurrió el 26 de abril de 2024. Desde entonces y hasta el 18 de diciembre, se han registrado 393 atentados mediante el uso de estos artefactos, lo que evidencia un cambio significativo en las dinámicas del conflicto y el crimen organizado en el país.
Para el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones se conformó un equipo multidisciplinario integrado por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su experiencia operativa para definir y validar las especificaciones técnicas del sistema.
El Ministerio de Defensa precisó que las contrataciones se realizarán de forma directa con los fabricantes o sus representantes legales, con acompañamiento del Estado de origen de cada empresa y de sus respectivas embajadas, y que no se aceptarán ofertas de intermediarios, como medida de transparencia y control.
Con este proyecto, Colombia busca anticiparse a una amenaza tecnológica en expansión y fortalecer sus capacidades defensivas frente a un escenario de seguridad cada vez más complejo.
