Tras su reciente destitución por parte del Congreso, la ex presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta nuevas restricciones judiciales. La Fiscalía ha solicitado la retención de su pasaporte y la prohibición de salida del país por dos de las siete investigaciones penales en su contra.

En el primer caso, el Ministerio Público pide 18 meses de restricción migratoria por presunto aprovechamiento indebido del cargo, en el marco de designaciones irregulares en el Ministerio de Salud y presuntos pagos vinculados a intervenciones estéticas personales. La acusación apunta a un posible delito de negociación incompatible.

El segundo proceso, más grave, está vinculado a un presunto caso de lavado de activos relacionado con el prófugo líder político Vladimir Cerrón, acusado de liderar una red de corrupción en contrataciones públicas. Por este expediente, la Fiscalía especializada en delitos económicos solicita 36 meses de prohibición para abandonar Perú, argumentando riesgo de fuga.

Estas solicitudes llegan en medio de especulaciones sobre una posible huida de Boluarte, rumores que su abogado, Juan Carlos Portugal, ha desmentido públicamente. A través de la red social X, afirmó:

“Ella está en su casa; ese fue y será su paradero. Se someterá a las instituciones del Estado si así se requiere”.

El defensor también criticó lo que llamó un “delirio informativo” y pidió ejercer un periodismo más responsable.

Con su salida del poder, Dina Boluarte pierde la inmunidad presidencial, lo que la obliga ahora a responder formalmente ante la justicia por las siete causas abiertas en su contra. Entre las más avanzadas se encuentran las investigaciones por las muertes de 49 manifestantes durante las protestas de 2022 y 2023, y una denuncia por cohecho pasivo por el uso de joyas y relojes de lujo no declarados.