El Congreso de España rechazó la prórroga de contratos de alquiler que buscaba proteger a miles de inquilinos en medio de la crisis económica.
La decisión fue aprobada con mayoría parlamentaria, dejando en el aire a muchas familias que ya habían solicitado acogerse a esta medida.
Desde el gobierno, figuras como Yolanda Díaz advirtieron sobre el impacto social de la decisión e insistieron en la necesidad de nuevas soluciones.
El tema abre un nuevo frente político en el país, con presión social y debate sobre vivienda como eje central.
