Las autoridades brasileñas llevaron a cabo este martes una amplia operación para desarticular una organización acusada de pagar sobornos a funcionarios públicos con el objetivo de obtener licencias ambientales irregulares que les permitieran explotar hierro a gran escala en el estado de Minas Gerais, al sureste del país.

La acción, coordinada por la Policía Federal en conjunto con la Contraloría General de la Unión, el Ministerio Público y la Hacienda, incluyó 79 registros y órdenes de arresto preventivo para 22 personas presuntamente implicadas.

Según la investigación, la red obtuvo beneficios que rondan los 1.500 millones de reales (unos 280 millones de dólares) y ya había iniciado proyectos con un valor potencial superior a los 18.000 millones de reales. Ante la magnitud del caso, la Justicia determinó el embargo de activos por el mismo valor estimado de las ganancias ilícitas, destituyó a varios funcionarios de sus cargos y suspendió las actividades comerciales de las empresas involucradas.

Los implicados habrían pagado sobornos a empleados de organismos encargados de la fiscalización ambiental y minera, logrando así autorizaciones fraudulentas que les permitieron operar de manera ilegal en áreas protegidas y cercanas a reservas ecológicas, generando serios daños al medio ambiente y poniendo en riesgo a comunidades cercanas.

La Policía Federal también informó que los investigados emplearon tácticas para entorpecer la acción del Estado, incluyendo vigilancia a funcionarios y maniobras para obstaculizar las investigaciones. Asimismo, recurrieron a distintos mecanismos de lavado de dinero para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Los sospechosos podrían enfrentar cargos por delitos ambientales, corrupción activa y pasiva, usurpación de bienes públicos, lavado de dinero, organización criminal y obstrucción de la justicia. Las autoridades no han divulgado por el momento los nombres de los involucrados.