El gobierno de Donald Trump ha intensificado su presión contra la Unión Europea debido a la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa que regula las actividades de grandes tecnológicas como Apple, Meta, Amazon y Alphabet (Google) en territorio europeo. Esta ley, aprobada en 2022, busca aumentar la transparencia, limitar el uso de datos personales y frenar la desinformación en las plataformas digitales, algo que Washington considera una amenaza para los intereses comerciales de sus gigantes tecnológicos y la libertad de expresión.

Según un informe exclusivo del Wall Street Journal, el Departamento de Estado estadounidense ha ordenado a sus oficinas en Europa recopilar ejemplos de medidas gubernamentales que podrían considerarse como restricciones a la libertad de expresión, en un esfuerzo por «desmantelar el complejo industrial de la censura global» que, según Washington, la UE está promoviendo. Esta postura representa un cambio radical respecto a las políticas de administraciones anteriores, que habían respaldado a Europa en sus esfuerzos para combatir la manipulación electoral y la desinformación extranjera.

Tensiones en la relación transatlántica
Además de esta disputa digital, la administración Trump también ha tensado su relación con la UE al imponer aranceles comerciales y acercarse a figuras como Vladímir Putin, enfriando su apoyo a Ucrania. Este enfoque contrasta con las medidas adoptadas en la era Biden, cuando el gobierno estadounidense apoyó esfuerzos para frenar la injerencia extranjera y promover la transparencia digital.

Multas y advertencias
Mientras tanto, la UE ha aplicado su marco regulatorio con firmeza, imponiendo multas a gigantes tecnológicos por violaciones de privacidad y competencia. Por ejemplo, Apple y Meta han enfrentado sanciones de 500 y 200 millones de dólares, respectivamente, mientras que Alphabet podría enfrentar nuevas sanciones por el comportamiento de su tienda de aplicaciones Google Play.

La campaña de presión de Washington se interpreta como un esfuerzo para proteger los intereses de las ‘Big Tech’, que han sido importantes donantes en las campañas de Trump. Aun así, el Departamento de Justicia estadounidense también ha mantenido una postura dura en casa, promoviendo investigaciones antimonopolio que incluso podrían forzar la división de algunas de estas compañías.