La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves una controvertida reforma constitucional que elimina el financiamiento público a los partidos políticos y la propaganda electoral. Con 81 votos a favor de los 145 legisladores presentes, la propuesta ahora deberá ser sometida a un referendo popular para entrar en vigencia.

De ser ratificada por la ciudadanía, la medida comenzaría a aplicarse en las elecciones municipales de 2027. El cambio fue impulsado por el presidente Daniel Noboa, quien presentó la propuesta ante la Corte Constitucional en 2024 como parte de su agenda de reformas políticas.

El oficialismo argumenta que los recursos estatales destinados a organizaciones políticas han sido mal utilizados, provocando la aparición de numerosos candidatos sin respaldo significativo. Según datos oficiales, el financiamiento público ha representado un gasto de aproximadamente 263 millones de dólares desde su implementación en la Constitución de 2008.

Esteban Torres, asambleísta del bloque oficialista, sostuvo que esos fondos han generado “sobreestímulos electorales” y fomentado una participación desproporcionada de aspirantes sin base electoral. En las últimas presidenciales, al menos una docena de candidatos no alcanzaron ni el 1% de votos.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por la oposición. Nuria Butiña, de Revolución Ciudadana, denunció que esta reforma perjudica la equidad democrática al limitar la participación de candidatos sin acceso a recursos privados. “Quitar el financiamiento público es abrirle la puerta a la política solo para quienes tienen poder económico o están cerca de las élites”, señaló.

Expertos en procesos electorales como Jorge Acosta y Medardo Oleas coinciden en que el sistema actual ha sido mal administrado, pero advierten que es necesario conservar un modelo que garantice condiciones equitativas para todos los actores políticos, con mecanismos de control más rigurosos.

Ahora, el destino de esta reforma quedará en manos de los ciudadanos, quienes decidirán en referendo si Ecuador mantiene o elimina uno de los pilares del sistema electoral establecido en los últimos 16 años.