El presidente Luis Abinader destacó el impacto social de las instalaciones deportivas construidas con recursos recuperados por el Estado en casos de corrupción, al considerar que estas obras contribuyen al desarrollo de la juventud y fortalecen la convivencia en las comunidades.

El mandatario explicó que los fondos recuperados se están destinando a proyectos que benefician directamente a la población, como la construcción de techados y espacios deportivos de uso público, que sirven tanto para la práctica de distintas disciplinas como para la integración de los residentes.

Abinader se expresó durante un encuentro con la prensa en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en el que se presentó un balance de las intervenciones ejecutadas por el Ministerio de Deportes, encabezado por Kelvin Cruz, quien informó sobre un programa de 40 obras en 15 provincias del país.

El ministro explicó que las intervenciones surgieron de un diagnóstico de la infraestructura deportiva nacional, realizado al inicio de su gestión. El levantamiento identificó que 26 de los 158 municipios carecían de techados deportivos y que algunas instalaciones tenían entre 20 y 30 años sin recibir mantenimiento.

El programa contempla una inversión superior a los RD$2,000 millones, de los cuales RD$713 millones se destinan a la construcción de instalaciones deportivas multiuso, concebidas para facilitar la práctica de diferentes disciplinas y funcionar como espacios de encuentro comunitario.

Durante la actividad, Persio Maldonado, presidente de la Comisión de Veeduría, informó que los procesos de licitación permitieron ahorrar RD$125 millones con respecto a las proyecciones iniciales. Asimismo, destacó la importancia de mantener la supervisión para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

La comisión está integrada, además, por Milton Ray Guevara, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Luis Mejía Oviedo y José Joaquín Puello, quienes dan seguimiento a los procedimientos relacionados con las obras. Abinader sostuvo que destinar los recursos recuperados a estas iniciativas permite convertir el dinero sustraído al Estado en proyectos que contribuyen al bienestar de las comunidades.