El presidente Donald Trump ha dado un paso drástico en su disputa con la Universidad de Harvard, al instruir a las agencias del gobierno federal a anular todos los contratos activos con la institución, una medida que afecta más de 100 millones de dólares en acuerdos vigentes.
La decisión fue notificada mediante una circular del Servicio Federal de Adquisiciones, encabezado por Josh Gruenbaum, en la que se solicita revisar todos los compromisos con Harvard y rescindir aquellos que no sean considerados estratégicamente vitales. Los contratos esenciales serían redirigidos a otros proveedores.
Esta orden marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre el exmandatario y una de las universidades más influyentes del país. En semanas recientes, la administración ya había congelado alrededor de 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos, además de intentar bloquear el ingreso de estudiantes internacionales a Harvard. Esta última medida fue suspendida temporalmente por una jueza federal.
Las acciones del expresidente han sido presentadas por su equipo como parte de una cruzada contra el “activismo progresista” en los campus universitarios. En el caso de Harvard, la administración ha denunciado una supuesta discriminación racial contra estudiantes blancos y ha cuestionado la postura de la universidad ante casos de antisemitismo.
En el memorando oficial se argumenta que la institución ha fallado en garantizar la seguridad de su comunidad estudiantil y se cita una “falta de alineación con los intereses estratégicos del país”.
En respuesta, Harvard ha recurrido a la justicia. En abril, interpuso una demanda federal para revertir las medidas impuestas por el gobierno, incluyendo la pérdida de fondos y las restricciones de admisión. El presidente interino de la universidad, Alan M. Garber, advirtió que estas acciones representan una amenaza directa a su misión educativa y a su comunidad internacional, que representa casi el 30% del alumnado.
Una jueza federal en Massachusetts, Allison D. Burroughs, falló a favor de Harvard de manera provisional la semana pasada, permitiendo la admisión de nuevos estudiantes extranjeros mientras se resuelve el litigio. La audiencia definitiva está programada para este jueves 29 de mayo, y será determinante para el futuro de los estudiantes internacionales en la institución.
La medida ha desatado una ola de reacciones en el ámbito académico, político y legal. Mientras algunos sectores conservadores aplauden el endurecimiento del control sobre universidades que consideran “ideologizadas”, otros denuncian una clara intromisión política y un atentado contra la autonomía académica.
