La comunidad haitiana en Estados Unidos vive días de angustia tras la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 520,000 ciudadanos de ese país, a partir del próximo 2 de septiembre.

El temor a ser deportados a una nación sumida en una profunda crisis humanitaria se ha apoderado de miles de familias que han construido su vida en suelo estadounidense. De acuerdo con líderes comunitarios, muchas personas han dejado de asistir a eventos públicos y religiosos por miedo a ser detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La incertidumbre es tan grande que nuestras iglesias ya no se llenan como antes”, dijo Mary Estimé-Irvin, presidenta de la Red Nacional de Funcionarios Haitianoestadounidenses Electos (NHAEON), durante una reciente conferencia de prensa. “La comunidad vive con miedo constante”.

El pastor Gregory Toussaint, de la iglesia Tabernáculo de Gloria, también se sumó al llamado de alerta. “Haití no es seguro, y lo sé de primera mano. En los últimos 18 meses, cinco líderes de nuestras iglesias allá han sido baleados, tres de ellos murieron”, afirmó.

Paradójicamente, mientras la administración Trump argumenta que las condiciones en Haití han mejorado para justificar el fin del TPS, el mismo gobierno impuso recientemente una prohibición de viaje al país debido a la creciente violencia y el control de pandillas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1.3 millones de personas han sido desplazadas internamente por la violencia.

Además del riesgo físico, el regreso masivo de ciudadanos haitianos podría provocar un colapso económico en la isla, advierten los expertos. El 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Haití proviene de las remesas enviadas por su diáspora, que solo en 2024 transfirió más de 4,100 millones de dólares.

“Están enviando a nuestra gente directo al ojo del huracán”, advirtió Toussaint. “Le pedimos al gobierno que reconsidere esta decisión”.

Tessa Petit, quien llegó a EE. UU. en 2001 y hoy dirige la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), fue tajante: “Los responsables tendrán sangre en sus manos”. La activista recordó que más de 2,500 personas han sido asesinadas en Haití en lo que va del año, según datos de la ONU.

Petit también criticó los intentos de vincular a los migrantes haitianos con amenazas a la seguridad nacional. “No somos 500,000 miembros de pandillas. Somos familias que llevan décadas aquí”, sostuvo.

Florida, que alberga a una tercera parte de los beneficiarios del TPS en todo el país, se ha convertido en el epicentro del drama migratorio. Las políticas del gobernador Ron DeSantis, como la apertura de una prisión en una zona pantanosa apodada “Alligator Alcatraz”, han encendido aún más las alarmas entre la comunidad.

“En 42 años que llevo en este país, nunca había recibido tantas llamadas de personas con miedo”, declaró Marleine Bastien, comisionada del condado Miami-Dade. “Estamos hablando de padres y madres que han estado aquí desde finales de los años 80”.