El Gobierno de Cuba autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una medida que amplía el marco para los negocios particulares y complementa el sistema de micro, pequeñas y medianas empresas establecido en 2021.

La disposición está contenida en el Decreto-Ley 133, publicado este miércoles en la Gaceta Oficial, y forma parte de un paquete de 176 medidas económicas y sociales aprobado por las autoridades cubanas en junio. La normativa entrará en vigor siete días después de su publicación.

Las nuevas compañías podrán constituirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), cuando tengan varios propietarios, o Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.), en el caso de contar con un único dueño. También podrán establecer locales y sucursales en otras provincias del país.

Las empresas deberán manejar sus operaciones financieras mediante cuentas bancarias corrientes y realizar sus actividades comerciales principalmente en pesos cubanos. Para su constitución, los socios tendrán que depositar el capital inicial y demostrar el origen legal de los fondos.

La legislación concede a estas compañías mayor autonomía para establecer precios y determinar los salarios, aunque deberán cumplir con las regulaciones oficiales. También podrán importar y exportar directamente, previa autorización del Ministerio de Comercio Exterior, y asociarse con inversionistas extranjeros.

La norma permite que los propietarios sean cubanos residentes dentro o fuera de la isla y extranjeros residentes en Cuba. Sin embargo, quedan excluidos funcionarios y dirigentes del Estado y del Gobierno, así como personas con determinadas deudas o condenas incompatibles con la actividad empresarial.

El paquete de reformas también contempla cambios en otros sectores. Se autorizan guarderías privadas, clases particulares e idiomas, mientras que los profesores del sistema público podrán ofrecer repasos fuera de su horario laboral bajo determinadas condiciones. Además, los propietarios de inmuebles podrán alquilar espacios a empresas privadas y cooperativas, con nuevas obligaciones de registro.

Las medidas buscan flexibilizar y descentralizar la economía cubana en medio de una prolongada crisis. El Gobierno sostiene que las reformas permitirán dinamizar sectores como la agricultura, el comercio exterior y los servicios, mientras aumenta la participación privada y la autonomía de determinadas actividades económicas.